Hoy todos los medios de comunicación toman como una de sus noticias principales al polémico proyecto de Ley sobre el derecho de rectificación presentado por un congresista del partido de gobierno. Este derecho garantizado por la Constitución para que quienes consideren que una información vertida en un medio de comunicación no es exacta puedan solicitar al mismo una aclaración sobre los datos que consideren incorrectos.
Sobre dicho proyecto y la polémica desatada, cabe hacer 4 precisiones:
1. El derecho de rectificación no solo es un derecho constitucional. Constituye también una forma para los periodistas de poder autorregularse, al cumplir reglas de verificación de información necesarias para mantener la credibilidad necesaria en su trabajo. Por tanto, además de un derecho humano que tiene cualquier ciudadano, también es una forma de que la prensa pueda cumplir adecuadamente con su labor.
2. En estos momentos existe una norma que regula el derecho de rectificación, la Ley 26847. Esta norma, como lo ha señalado de modo preciso el Consejo de la Prensa Peruana, tiene reglas bastante claras para el ejercicio de este derecho. Por tanto, estamos ante la sobrerregulación de una materia. Y en cuanto a la inclusión de medios electrónicos, en realidad, tanto esta norma como el propio Código Penal, si toma en cuenta a los mismos, dado que se hace alusión a cualquier medio de comunicación. Una precisión como ésta, por tanto, no era necesaria.
3. El proyecto también yerra en recortar el plazo de 7 a 3 días para que el medio pueda emprender la rectificación, dado que la carta y posibles documentos presentados requieren de un análisis por parte de quienes conforman el medio, sea para la defensa de la nota o para corregir los datos inexactos.
4. En cuanto a la solidaridad con la empresa periodística en el pago de una posible indemnización, como lo han mencionado Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui, los perjuicios son dobles. Se podría presionar a un medio para que bote a un periodista incómodo o el medio podría quedar paralizado por una órden de embargo. Por una u otra manera, es la libertad de prensa la que quedaría dañada.
Finalmente, a pesar que Mercedes Cabanillas pide calma frente a este tema, preocupa que desde el partido de gobierno se tenga este tipo de iniciativas. Durante este periodo se han cerrado radios, se les ha acusado injustamente de azuzar a la violencia, canales tomados por la SUNAT ilegalmente y hasta el Presidente de la República ha hablado de los blogs como herramientas de azuzación de protestas. Y tanto Augusto Álvarez Rodrich como Rosa María Palacios han hecho alusión a que estaría por salir una seria denuncia sobre corrupción que involucraría a funcionarios del gobierno. De allí a que todo esto preocupe. Esperemos que este proyecto no se apruebe, por los motivos antes mencionados.
Tomado de DESDE EL TERCER PISO
LEA ARTICULOS RELACIONADOS:
*OTRA VEZ EL APRA AMENAZA CON LEY DE LA MORDAZA INCLUYENDO ESTA VEZ AL INTERNET
No hay comentarios.:
Publicar un comentario