La República - Jean Polo
Actualmente el Consorcio Camisea está negando el abastecimiento a las nuevas empresas que requieren gas para generar electricidad, y ha dicho que no lo hará hasta encontrar nuevas reservas. ¿Afectaría ello a las tarifas de luz a un largo plazo?
Lamentablemente las tarifas de luz eléctrica se incrementarán notoriamente pues verían también elevados sus costos de producción. Claro que este hecho se podría resolver si cambian su matriz energética impulsados por un mejor comportamiento de los precios del diesel. Sin embargo, esto resulta una suposición. El tema es delicado, y es notorio que el gobierno no midió las consecuencias al haber apresurado las exportaciones de gas sin atender primero la demanda del mercado local.
Pero la ley está de parte del Estado peruano y el compromiso del consorcio es satisfacer la demanda interna.
El gobierno debe tener una estrategia de negociación. El Consorcio Camisea no puede vender gas al extranjero sin dejar de atender la demanda de los consumidores peruanos, y eso lo estipula la ley. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) debería intervenir, pero su actitud es muy pasiva.
Con otro fin...
Es evidente que el consorcio está guardando sus reservas para la exportación, pues como empresa privada ha firmado un convenio con Perú LNG. El Estado no le impide vender gas al exterior; pero si el consorcio no tiene gas para asumir sus compromisos, esto no tiene por qué afectar a los consumidores locales. Y si es necesario cortar el suministro de gas, debemos explicar a estas empresas que los términos del contrato no fueron del todo claros y que urge cumplir con el mercado local. Esta es la vía legal en la que deben seguir las negociaciones.
A la par de ellas, ¿es necesaria una investigación para sancionar a los responsables ?
Claro, y el Congreso de la República tiene dicha misión. Durante el gobierno pasado, expliqué por qué no debería destinarse el gas para el exterior por cuestión de las bajas regalías. Resulta que al inicio se contempló un 37.24% y que luego se bajó al 30%. Este porcentaje resultó inferior al 35% ofrecido por el segundo postor, que actualmente es la cuarta empresa mundial en la explotación de gas.
Pero no se hizo nada.
No, y por ello le pregunto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM): ¿como le dieron dinero a proyectos que dejarían sin gas al Perú? La respuesta fue que dicho pedido fue hecho por el mismo gobierno peruano de aquel entonces.
¿Quién está controlando nuestras reservas de gas?
En la práctica sucede que el 55% del consorcio Camisea es controlado por empresas que tienen la participación mayoritaria en Perú LNG. Entonces es Perú LNG la empresa que otorga el gas.
¿Cómo califica la labor del gobierno en la renegociación del contrato de Camisea?
La estrategia es mala y el caso lleva pies de plomo. Estas cosas serían inadmisibles en un país serio. El tema era grave hace algunos años pero no le tomaron atención al igual que a la investigación hecha del tema por parte del Colegio de Ingenieros. Hay funcionarios que engañaron al gobierno anterior y lo siguen haciendo con el actual. De continuar con esta actitud pasiva, es muy posible que no dispongamos de nuestro propio gas.
“No podemos confiarnos en nuevos descubrimientos”
En su mensaje a la nación, el presidente García instó a la exploración de nuevos yacimientos de gas. ¿Resulta ello suficiente para colmar las demandas?
Si se descubriera otro yacimiento similar a Camisea, hasta ello resultaría insuficiente. Las certificaciones constituyen otro tema fundamental. Nosotros hablamos como si tuviéramos infinitos yacimientos de gas como en Rusia. Si no tenemos reservas ilimitadas, el Estado tiene la obligación de realizar una verdadera certificación a sus actuales reservas. Pero se ha contentado con la certificación hecha por Pluspetrol. Se manejaron cifras oficiales que estaban muy por debajo de las cifras reales. Resulta obvio que el presidente ha estado totalmente desinformado del tema. Y no solo él, el anterior presidente también.
Por lo tanto, no debemos confiarnos en los próximos descubrimientos.
Definitivamente no, porque la figura sería similar a la de un padre de familia quien se juega su sueldo entero en un tragamonedas. Puede ganar como puede perder todo. Hay que renegociar el contrato en base a la situación y números actuales. Es complicado, pero el gobierno tiene la obligación de enmendar lo que hasta ahora se ha hecho mal.
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