EDITORIAL DE EL COMERCIO
Domingo 29 de marzo del 2009
Otra secuela de la frustrada reforma constitucional
El frustrado debate en el Congreso para aprobar la creación del distrito electoral Lima Provincias ha puesto en evidencia nuevamente un tema de fondo: la falta de compromiso de la representación nacional para sacar a flote las reformas constitucionales que están pendientes y que, como todo indica, tampoco se aprobarían en este gobierno.
Y es que para garantizar que Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos cuenten con parlamentarios en las próximas elecciones del 2011 no solo es necesario modificar el artículo 21 la Ley Orgánica de Elecciones, sino también el artículo 90 de la Constitución.
En el primer caso se requiere establecer que en la elección de congresistas del distrito electoral de Lima se podrá votar por representantes de Lima Metropolitana y de Lima Provincias, quienes tendrían derecho a las curules que correspondan a sus respectivas poblaciones electorales. Cabe señalar que durante los procesos electorales de 1980, 1985 y 1990 las nueve provincias limeñas sí contaron con sus respectivos voceros porque así lo establecía la Constitución de 1979, pero no la actual Carta.
En la práctica, esto originó que al reducirse el número de congresistas, los parlamentarios de Lima pasaron de 40 a 35, mientras que los de Lima Provincias bajaron de nueve a cero.
La reforma constitucional en este tema exigiría aumentar el número de congresistas no solo para un recálculo más equitativo, sino porque el volumen de electores por legislador ha aumentado. ¿Es necesario restituir este distrito electoral? Sí, considerando que el Gobierno Regional de Lima Provincias es el único con jurisdicción departamental que no puede votar por sus representantes al Congreso. Irónicamente la región de Lima Metropolitana que solo existe en el papel sí cuenta con parlamentarios elegidos incluso por el voto de los peruanos en el exterior.
La situación es, evidentemente, poco equitativa e injusta porque se priva a unos 800 mil peruanos de una presencia real en el primer poder del Estado, sobre todo frente a los retos que demanda el proceso de descentralización y la ejecución de una serie de prerrogativas de la democracia directa, como la revocatoria de autoridades, la iniciativa legislativa, las consultas populares o de referéndum.
De otro lado, si bien están ubicadas geográficamente a escasos minutos de la capital, las nueve provincias se hallan muy lejos de alcanzar el desarrollo que sin duda merecen, con base en las potencialidades que ofrecen como región.
El tema viene discutiéndose desde años y tiene la antigüedad de otras promesas incumplidas, como la eliminación del voto preferencial y el retorno a la bicameralidad.
Son asuntos gravitantes para la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho, pero también de escasa popularidad para ciertas bancadas que siguen mirando la nimiedad de sus intereses particulares.
Hoy pueden revertir la imagen negativa que proyectan muchas de ellas si se embarcan en las reformas constitucionales pendientes. Aún están a tiempo y bien podrían empezar por la restitución del distrito electoral Lima Provincias, proyecto que cuenta con el consenso de todos los grupos políticos.
El año pasado una encuesta arrojó que la mayoría de peruanos está a favor de estas reformas. ¿Qué espera el Parlamento para hacerles caso y elevar su bajo índice de credibilidad?
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