Por unanimidad el Concejo Provincial de Cañete aprobó esta tarde en Sesión Extraordinaria que el tan cuestionado terreno de 23 hectáreas de San Luis sea utilizado para instalar allí tanto la Universidad Nacional de Cañete como el Hospital Regional. La decisión no se tomó tan facilmente puesto que tanto la adquisición como las posteriores inversiones que se hicieron durante la gestión edil de Javier Alvarado dejaron al predio plagado de una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción.
¿ES 23 O 22 HECTAREAS?Según informe expuesto por la Asesoría Legal, a cargo de Cuenca Paredes, de la gestión Montoya, el pago de S/. 2´440,898.00 realizado durante el periodo municipal anterior habría correspondido sólo a 22 has. Aun cuando existen dos acuerdos que se contradicen entre sí puesto que en el primigènio se consigna la exoneración por la compra del terreno por dicha extensión y posteriormente se consigna 23.5 has que incluiría 1 ha en posesión de la Asoc. Viv. Los Molinos y 500 mts más correspondiente a la Panamericana Sur.
Asimismo se detalló las irregularidades en la adquisición de tal predio realizado sin el debido Estudio de Pre Factibilidad tal como manda la ley y haber modificado, todo hace suponer unilateralmente, el Presupuesto Participativo para poder financiar la adquisición sin la autorización del Consejo de Coordinación Local. Al hacer uso de la palabra Italo Maldonado Montoya, integrante de la sociedad civil, confirmó que a ellos nadie le pidio autorización.
VEREDAS Y SARDINELES Y LA DESAPARICION DE CEMENTOOtras irregularidades han sido encontradas por el personal de confianza de la alcaldesa provincial en la construcción de sardineles, veredas y losas deportivas al interior del terreno sanluisino. El primero de ellos es que las mismas no cuentan con los respectivos estudios preliminares puesto que ni en el propio Sistema Nacional de Inversión Pública han sido debidamente aprobados (Snip 12550) y consignan un presupuesto que asciende a S/. 7´920,344.98 de los cuales se ha ejecutado sólo una primera etapa de S/. 1`150,342.48.
Y es en esto ejecutado donde se nos depara otra sorpresa: se consigna un gasto del erario edil en mano de obra por más de 239 mil nuevos soles; en cemento - unas 12,727 bolsas- S/. 212,590.90; en agregados S/. 156,907.50 y - agárrase - en Concreto Pre Mezclado la suma de S/. 462,672.00 que habrían sido utilizado para el tendido de veredas y sardineles. ¿Entonces para qué se utilizó el cemento y los agregadod? se preguntó el personal de confianza de Montoya.
SE RESQUEBRAJA LA BANCADA OFICIALISTA ENTRE ALVARADISTAS Y MONTOYISTAS
Es en este punto en donde se devela que la bancada oficialista de Patria Joven se encuentra dividida entre dos posiciones: quienes se fajan por Javier Alvarado y están sembrados para apoyar todo proyecto en el que se embarque su líder y los de María Montoya que respaldan la posición contemplativa de la alcaldesa.
Ante el cuestionamiento hecho por la Asesoría Legal quien espetó que la Comisión de Obras tenìa conocimiento desde hace tiempo de estas irregularidades y que a pesar de ello no tomó acción alguna, el presidente de tal grupo de trabajo, el concejal José Caico, señaló haber pedido a Gerencia de Obras se recopile toda información pertinente. Además devolvió el golpe señalando que tál área edil había sido coaccionada -se supone por Asesoría Legal- para emitir un informe técnico sobre lo hecho en las 23 hectáreas. El gerente de obras Ramirez Muro salió a apaciguar los ánimos señalando no haber recibido coacción alguna.
Pero los alvaradistas continuaron defendiendo sus fueros y el regidor Zuloeta salió a cuestionar lo informado señalando que se diga que son "presuntas" irregularidades y que en todo caso sea una Comisión Investigadora quien determine las responsabilidades y no se pretenda "confundir a la población". Su colega de bancada - pero no de posición - Manuel García dejó en claro que no hay el ánimo de generar confusión y que para él lo informado era sumamente claro en las irregularidades encontradas.
DUDAN DEJAR EN MANOS DE LA REGION TERRENO DE SAN LUIS
Finalmente el Asesor Legal opinó que entregar el terreno a la Gestión de Javier Alvarado podría ocasionar la pérdida de los elementos necesarios que permitan establecer responsabilidades de los ex funcionarios ediles, muchos de ellos hoy regionales, en la compra e inversiones del que ha sido materia el predio.
Entre los requerimientos que serán solicitados para decidir si finalmente se accede a lo peticionado por el Gobierno Regional es pedirle el Proyecto de Inversión debidamente fundamentado que explique lo que quieren hacer - lo mismo se hará con la Comisión Organizadora de la Universidad que también ha pedido el terreno -; la investigación sobre el bien, entre otros.
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