La denuncia penal ha sido planteada por la titular de la Cuarta Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Marlene Berrú Marreros, ante el titular del Segundo Juzgado Anticorrupción, César Vásquez (27-2008), quien deberá decidir en las próximas horas si les abre instrucción con mandato de comparecencia o les dicta orden de detención. Los denunciados son los dos más altos funcionarios de Hunt Oil Company of Perú y Perú LNG SRL, Carlos del Solar Simpson y Bárbara Bruce Ventura, respectivamente, cuyas libertades están en manos del titular del juez anticorrupción Vásquez, quien tiene la ganada fama de juez carcelero como se suele decir en el argot judicial.
FUNCIONARIOS IMPLICADOS
Los citados directivos han sido denunciados por la fiscal Marlene Berrú Marreros como cómplices primarios en el delito de negociación incompatible, cometido según la visión de la autoridad judicial, por 10 funcionarios públicos de la Dirección General de Hidrocarburos, Osinergmin y Perupetro.
Entre estos se encuentran incluidos el actual presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, la gerente general de Perupetro, Isabel Tafur Marín, y los ex directores de hidrocarburos, Gustavo Navarro y Pedro Touzet, y otros 6 ejecutivos de las empresas del sector gasífero.
La fiscal Berrú sustenta en su denuncia penal que los 18 denunciados cometieron el delito de negociación incompatible en cuatro acciones ilícitas.
Ilícitos cometidos
La primera se refiere al no cobro de una penalidad de 19 millones de dólares, por parte de funcionarios del Estado, para favorecer a la Empresa Gas Natural de Lima y Callao SRL, que posteriormente se pasó a llamar Cálidda.
La segunda ha consistido en el cobro por adelantado de una transferencia de dinero de los consumidores a favor de la empresa Transportadora de Gas del Perú- TGP, que ascendió a la suma de 98 millones de dólares.
La tercera es haber cambiado la obligación de Cálidda de conectar a 70,000 consumidores por el tendido de redes generales para conectar a ese total, sin realizar la conexión particular a cada uno de ellos, a lo que estaba obligada y esta omisión ha implicado una no inversión de 32 millones de dólares.
La cuarta alude al cálculo de regalías derivadas de la cuestionada exportación de gas a México, la cual al efectuarse a precios menores al del mercado local significará un menor pago de regalías al Estado, por un monto de 300 millones de dólares en los 18 años de exportación acordados contractualmente.
De otro lado, teniendo en cuenta que la exportación debe iniciarse en el 2011 y para esta fecha, México no tendrá lista su planta regasificadora, la pregunta lógica es ¿adónde irá el gas en este año? Todo hace indicar que sería Chile la meta de exportación.
Sumando los daños inferidos al Estado en cada una de las acciones citadas, tendremos que las arcas fiscales han sido agraviadas con una sustracción de 449 millones de dólares.
Perjuicios a la vista
En el análisis de las acciones ilícitas, cabe mencionar que en el delito que se le atribuye a TGP, esta empresa se adjudicó el derecho de ser concesionario de transporte de gas por más de 30 años, como postor único, lo cual fue inconveniente y causó perjuicios al Estado y a los consumidores, porque de haber habido más de un postor, el beneficio al consumidor podría haber sido muy significativo.
En lo referido a la exportación, esta se producirá en términos de una completa inequidad en relación a las regalías que aportan las transacciones que se hacen en el mercado interno.
¿Llevará el juez Vásquez un proceso sin injerencia e intromisiones políticas? Lo ideal es que el magistrado tenga el apoyo de las más altas autoridades judiciales y el respeto pleno de sus decisiones por parte del poder político.
El presidente Alan García tiene una especial responsabilidad, pues como lo ha dicho más de una vez, su obligación es mantener la más absoluta independencia de los jueces y fiscales frente a los casos de corrupción, más aún si los casos reseñados ocurrieron durante la gestión de Alejandro Toledo y sus ministros de Energía y Minas, Jaime Quijandría y Glodomiro Sánchez. LA RAZON
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