
La plataforma plantea la desactivación del (Forsur) y la implementación de una entidad cuyo directorio esté integrado por representantes del gobierno regional de Ica, las municipalidades de las zonas afectadas y la sociedad civil organizada.
Igualmente, solicita la actualización de los planos urbanos provinciales y los estudios de suelo, así como las reservas o expropiaciones de terrenos necesarios para reubicar a las familias asentadas en zonas de alto riesgo y para la reconstrucción sostenible de las localidades afectadas por el sismo.
Aparcana dijo que también se exige un incremento del bono de reconstrucción y una política integral de vivienda social, sin discriminación entre propietarios, copropietarios, poseedores e inquilinos.
De igual manera, pide controlar la especulación “abusiva y usurera” de los precios de los materiales de construcción, como el ladrillo, el cemento y el fierro así como del Decreto Legislativo N° 982.
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