Por: Crisanto Laura CuevaEcologista.
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Javier Alvarado y Alberto Aramayo se han puesto de acuerdo para arreglar una millonaria deuda, infraccionando la Ordenanza Nº 037-2006-MPC, que regula la extracción de los materiales de acarreo del cauce del río Cañete. Han acomodado la deuda para que mediante otra ordenanza (Nº 029-2009-MPC.), adecuarla y pagarla mediante la ejecución de obras viales que ahora se realizan en San Vicente de Cañete.
La Ordenanza 037-2006, dice en su art. 5 que “el concesionario deberá abonar en el termino de 5 días calendario de notificado, el monto que le corresponde pagar por concepto de derecho de extracción de materiales. El incumplimiento en el pago genera caducidad del permiso de extracción." Lo que aquí ocurrió fue que el área correspondiente como es OBRAS privadas no sancionó ni caducó el permiso a COVIPERU porque ésta se rehusaba a pagar el derecho de extracción por tener la condición de empresa estatal.
El art. Nº 6 dice “que los derechos por concepto de extracción de material de acarreo, serán de 0.0833% de la UIT. por metro cúbico (m3) solicitado. Los ingresos solicitados por este concepto serán destinados exclusivamente al control y supervisión de las actividades de material de acarreo, mantenimiento y reforzamiento del cauce y/o defensas ribereñas en un 50% y el otro 50% para la cuenta municipal”.
Este artículo es el que más escandalosamente se ha incumplido. El costo por m3 de material de acarreo resulta S/. 2.91 aprox., y la cantidad total de materiales no ha sido revelada por la Municipalidad, violando la ley de transparencia de la información pública solicitada con el Exp. 9953-2008. Pero haciendo un cálculo visual en campo y en la planta de "La Esmeralda", diariamente circulaban 30 a más volquetes con una capacidad de carga de 25 m3 aprox., que hacian un promedio de 750 m3 por día y por una vuelta.
Al día cada volquete cargaba más de 4 viajes que podían fácilmente totalizar unas 3,000 a 4,000 m3 por día con todos los volquetes. En un mes se extraían unos 90,000 a 120,000 m3 de material. Esta empresa ha solicitado el permiso de extracción a inicios del año 2008 y hasta hoy han pasado más de 20 meses. La pregunta que se da es ¿Hasta la fecha, cuántos metros cúbicos de material se han extraído?
Si hasta el 24 de julio del 2009 en que se acogieron al arreglo, informan que tienen una deuda de S/. 1'117,427. Si cada mes se extraían unos 90,000 m3, en 10 meses de extracción resultarían unos S/. 2´610,000.00 aproximadamente.
Lo que aquí se desprende es que no ha existido una acción dura y frontal por parte de la autoridad Municipal Provincial, para resolver el caso de acuerdo a la normatividad establecida. El Municipio no puso un controlador y supervisor oficial como lo ordena el art. 6 de la Ordenanza 037-2006-MPC. Y lo más grave aún es que ilegalmente y con conocimiento de causa, el 100% de los recursos producto de la extracción y que corresponden a la deuda de COVIPERU, se ha acordado gastarlo en obras viales en la ciudad de San Vicente, cuando estas obras le corresponden ejecutar a Provias Nacional. ¿Porqué se comete semejante torpeza o es que lo hacen a propósito?
COVIPERU es una empresa privada que ha ganado la licitación para la concesión del tramo Cerro Azul – Ica, por un periodo de 25 años. No es una empresa del Estado como quieren aparentar. Menos la Ordenanza 037-2006 cae en desuso como pretende justificar el asesor de la Municipalidad Provincial, queriendo explicar que todo es legal.
Además no es posible que el Comité Provincial de Defensa Civil realice colecta de combustibles hacia los agricultores, las Comisiones de Riego de los Canales y la Junta de Usuarios, cuando su presidente destina los S/. 737,000.00 (el 50% de la deuda de Coviperu) para obras en la ciudad, pero sin embargo el rio Cañete requieren esos recursos.
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