La Mesa Directiva del Congreso decidió remitir a la Comisión de Ética los casos de 12 legisladores con denuncias por presuntos delitos de diversa índole, 11 de los cuales fueron incluidos en un informe elaborado por el Ministerio Público, y el último escándalo que involucra a la parlamentaria oficialista Celia Anicama.
En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, sorprendió al mencionar al congresista Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria), investigado por el delito de lavado de activos. Junto a él, y por el mismo cargo, aparecen los parlamentarios María López Córdova (Fuerza 2011) y Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional).
También mencionó a Mariano Portugal (Alianza Parlamentaria), por falsa declaración en procesos administrativos; Nestor Valqui (Fuerza 2011), por proxenetismo; Amado Romero (Gana Perú), por robo agravado y delito ambiental; y Francisco Ccama (Fuerza 2011), por delito ambiental.
Además, se investigará a Federico Pariona (Fuerza 2011), por delitos de abuso de autoridad contra la fe pública y otros; Vicente Zeballos (SN), por delito contra la fe pública; Josué Gutiérrez (Gana Perú), por difamación agravada; y Alejandro Yovera (Fuerza 2011), por presunta falsedad ideológica.
Abugattás, acompañado del titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, resaltó que la investigación se realizará sin perjuicio del proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria, que se llevará a cabo en los casos que corresponda.
FALTAN NOMBRES “Hemos fallado, no hemos hecho una evaluación detallada”, fue el mea culpa que hizo el titular del Legislativo al dar estos nombres. Pero Abugattás se quedó cortó, porque no mencionó a varios colegas de su bancada, como Wilder Ruiz, quien tiene 30 denuncias fiscales, o Walter Acha, vinculado al narcotráfico.
Otros tres legisladores, también de Gana Perú, tampoco fueron incluidos: César Yrupailla, denunciado por falsa declaración jurada; Justiniano Apaza, acusado de presunto tráfico de influencias; y Tomás Zamudio, a quien la Federación de Trabajadores de Registros Públicos de Arequipa lo sindica por conflicto de intereses en temas agrícolas.
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