De las 51 universidades públicas peruanas sólo funcionan 35. El resto existen sólo en las Normas Legales del Peruano. De estas, 12 son unas fantasmagóricas bombas de tiempo. Todavía no existen pero estas doce serán implementadas sobre filiales de universidades o institutos que ya funcionaban. Sólo este detalle las convierte en potenciales focos de conflictividad social.
La situación de la creación de nuevas universidades públicas en el Perú es la siguiente:
En lo poco que va del actual gobierno, ya seis congresistas han presentado proyectos para crear más universidades, más bombas de tiempo. Infografía de Universidad Coherente:
Click para ampliar. —Desafortunadamente en nuestro país se ha creado simultáneamente muchas universidades públicas sobre la base de otras filiales. Otras, sin presupuesto —comenta Marta Tapia presidenta del CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de Universidades)—. Esto, necesariamente, ha traído conflictos en estos momentos, pero el CONAFU no puede intervenir a ese nivel, no tenemos nada que ver con su creación.
CONAFU es un órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y fue por mucho tiempo el organismo encargado de dar licencias de funcionamiento a las universidades.
Decimos que “fue” porque en el 2010, el Tribunal Constitucional lo acusó de actuar irresponsablemente, sin un adecuado control de la calidad del servicio educativo. Por esto, en julio de 2010, el CONAFU fue suspendido de sus funciones. Esta suspensión originó problemas como el de Barranca, que vimos en la edición anterior. Especialmente cuando el Congreso decidió restituir a la CONAFU en junio de 2011. Sin embargo la restitución sólo es válida por un año más. No sabemos quién autorizará el funcionamiento de las universidades después de junio de 2012.
Marta Tapia, presidenta del CONAFU. “Nosotros no creamos las universidades“. Fotografía: Rafael Vereau—El gobierno, a través del Congreso, crea las universidades —explica Tapia— y, de acuerdo a la norma, presentan ante CONAFU su Proyecto de Desarrollo Institucional. Nosotros solo evaluamos y, si está de acuerdo a todo lo exigido, aprobamos y se le da su permiso de funcionamiento provisional.
PROMESAS, PROMESAS
De las 16 universidades creadas durante el gobierno anterior, 13 de ellas fueron aprobadas en el último año y medio de gobierno. Es decir, cerca a las elecciones.
Orlando Velázquez, presidente de la ANR, cree que hubo un reparto en el Congreso, una división por conseguir votos de cara a las elecciones
—Por ejemplo, la universidad de Huamachuco, que ya había sido descartada, en el último minuto simplemente se aprueba. Aplausos, y se acabó. Imagínese, ésa es la génesis de la creación de universidades públicas.
De hecho, muchos proyectos de universidad que ya habían sido descartados fueron aprobados en esos días. Siempre por amplia mayoría; muchas veces, incluso, por unanimidad. “Se pusieron de acuerdo”, dice Velázquez.
Pero, ¿por qué los congresistas se empecinaron en crear más universidades? La respuesta puede intuirse en promesas políticas por cumplir y las expectativas del nuevo año electoral. Después de todo, la creación de universidades tiene gran rédito político.
El problema es que estos flamantes centros educativos se crearon sin considerar si podrían tener presupuesto propio; ni siquiera se evalúo si su creación podía afectar seriamente la calidad de la educación. Ante este problema de calidad, Jaime Zárate, presidente de otro organismo supervisor de la educación superior: el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU).
— Mi opinión es que la creación de universidades en los últimos años ha sido un tema político y es justamente el Congreso quien ha creado el mayor número de universidades —señala el presidente del CONEAU—. Apurados, por la promesa de crear una universidad en cada pueblo. Nunca se midió algún estándar de calidad internamente, ni se les asignó recursos propios. Imposible que, así, una universidad nazca con calidad.
Pero eso no es todo, porque aquí viene el quid del asunto. Para que estas nuevas universidades tengan dónde existir se necesita transferir la infraestructura de otras instituciones. Aquí surgen la mayoría de conflictos sociales derivados de la creación de universidades. Sin embargo, hay un problema:
—No se puede transferir los bienes de una universidad a otra universidad que se está creando porque esos bienes están inscritos en el inventario de bienes de la universidad anterior —explica Manuel Solis, quien fuera director de la Dirección de Coordinación Universitaria del MINEDU durante el gobierno anterior—.
Lo que quiere decir que la universidad poseedora de los bienes tiene el derecho de administrarlos y el derecho de decir cuándo negociar o por cuánto puede transferir esos bienes. Un ejemplo: dos universidades de Pasco, la Nacional del Centro y la Daniel Alcides Carrión, presentaron recursos legales ante el Poder Judicial para que no se les quite sus propiedades. Así la nueva universidad Juan Santos Atahualpa, se quedó sin estos bienes y sin las sedes en Chanchamayo y Satipo.
LAS BOMBAS DE TIEMPO
Lo que podríamos llamar las protestas pre-universitarias registraron cinco incidentes el año pasado. Fueron 3 por quejas contra las autoridades y 2 por la creación de nuevas universidades públicas. Y en este año, en este mes, ya se registró una, en Junín, donde la población de Pichanaki y de La Merced se debatían porque la sede de la Universidad Nacional Juan Santos Atahualpa sea en su respectiva localidad.
En el caso de Huancavelica, las protestas paralizaron la región por 3 días, con un saldo de 3 muertos y pérdidas de más S/. 13 millones. Fotografía: tudocente.com
Usualmente, la Defensoría de Pueblo catalogaba estos casos bajo la denominación de “Otros”, pero ahora ya les asignó una categoría propia. Después de todo, son conflictos que ya han registrado consecuencias graves como: la toma de las instalaciones en la Universidad de Barranca o los tres muertos producto de las protestas en Tayacaja, Huancavelica.
—Lo más importante es la necesidad de transparencia en las autoridades de las universidades con respecto a las decisiones que toman para los estudiantes y para la universidad —resalta el comisionado Jean Carlo Huaroc, de la Defensoría del Pueblo—. Ellos deben de tener en cuenta que, mientras más información exista, se va a reducir las posibilidades de un conflicto en las universidades.
Esta es una recomendación importante para un gobierno que tendrá que manejar las consecuencias de la creación de más de una docena de nuevas universidades heredadas del gobierno anterior y las nuevas universidades creadas en esta legislatura. Todo dentro de un problema estructural mayor en el sistema educativo superior.
Pero ¿cuál es éste problema que sostiene todo este tipo de irregularidades? La respuesta, mañana en la próxima entrega de este especial de INFOS.
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