Por Manuel Núñez y Rodrigo Acha -Semana Económica
Para finales de diciembre de este año se tiene programada la entrega por parte de Concesionaria Vial del Perú (Coviperú) de la primera etapa de la autopista entre Cerro Azul e Ica (Red Vial N° 6). El desarrollo de antiguos balnearios –hoy distritos- como Punta Hermosa, Santa María y San Bartolo –y más aún, la aparición de un proyecto como el de Asia–, son una prueba del desarrollo al que se puede llegar mediante la disminución de la cantidad de tiempo de viaje. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo afectará la nueva autopista a las ciudades de Cañete y Chincha?
Esta es la pregunta que busca responder el último artículo de portada de la última edición de Semana Económica (SE 1247). Así, se debe analizar las consecuencias que se generan por la desviación del trazado y cómo afectan estas a las poblaciones. Tanto en Cañete como en Chincha, la nueva pista pasará a varios kilómetros de distancia de la calzada actual. En ambos casos (y de manera más notoria en la ciudad iqueña) la vía se constituye como la espina dorsal para una parte significativa de su economía.
Hoteles y restaurantes, pero principalmente estaciones de servicio y talleres de mecánica, tendrán que evaluar su subsistencia en la ubicación que actualmente ocupan. Eventualmente se repetirán negocios de la misma índole en torno al nuevo trazado. No obstante, cabe tener en cuenta la importancia de respetar el derecho de vía –26 metros en el caso de esta carretera– para no interferir con el libre flujo del tránsito.
Sin embargo y sin duda alguna, la mayor ventaja que la nueva autopista traerá será la disminución en los tiempos de viaje y la mayor seguridad que habrá al momento de trasladarse desde la capital hacia las ciudades del sur. Evidentemente este beneficio llega luego de que varios propietarios fuesen expropiados de sus terrenos por parte del Estado, algo que en algunos se logró por medio de una negociación entre partes y en el peor de los casos luego de un arbitraje.
Con un poco de suerte, el próximo año podría empezarse la construcción de la segunda etapa, que continúa hasta el actual kilómetro 240 de la carretera. Sin embargo, esto dependerá de que el Estado desembolse un adelanto de inversión de entre US$65 y 70 millones; caso contrario, habrá que esperar por lo menos hasta el 2017, año en el que el contrato recién contempla su realización –se indica que entre los años 12 y 16 de la concesión se inician las obras de la Etapa II habiendo sido otorgada en el 2005– bajo al condición de que la cantidad de ejes circulantes supere los 18 millones durante los tres años previos.
Pero más allá del momento en que se propicie el resto de la obra, cabe preguntarse qué medidas anticipan los principales negocios de la zona y si efectivamente se trasladarán a la nueva calzada. En el proceso no dejemos de tomar en cuenta los cambios en la fisionomía de dos ciudades, cuya relación con Lima, puede aumentar producto de la mejora de la conectividad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario