por LUIS ECHEVARRIAMucho se habla acerca de la denuncia que está haciendo el Congreso al Presidente Regional Javier Alvarado; pero poco realmente se conoce del caso y esto es un problema porque se dicen cosas tiradas de los cabellos, mentiras, excesos en informar, verdades a medias, hasta difamaciones y calumnias que ya constituyen delito en el ordenamiento jurídico peruano.
Un principio fundamental en la Constitución Política del Perú es el Principio de Presunción de inocencia, principio que todos tenemos y que solo el Poder Judicial, en un debido proceso y con todas las garantías constitucionales, puede sentenciar si se establece un delito cometido; más no se puede hacer lo que muchos comunicadores hablan: la presunción de culpabilidad.
Teniendo a la mano el Informe Final aprobado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, se puede observar que “hay indicios razonables” de la comisión de delitos a Alvarado en:
Caso Lunahuaná, por abuso de autoridad y negociación incompatible al expedir una Constancia de Zonificación “amparadas en normas relativas a predios urbanos”. Veamos, el Ministerio de Agricultura en Febrero 2011 emitió la Resolución Ministerial 049-2011-AG en la que deja sin efecto la RM 707-2011-AG que anulaba lo realizado en este caso de la venta de terrenos y dicta que COFOPRI continúe con el procedimiento, esto quiere decir que aquí no hay ninguna irregularidad, por consiguiente se caen las denuncias a Alvarado y a otros.
Caso de las 23.5 Ha. en San Luis-Cañete, por Negociación Incompatible al “interesarse en la exoneración del proceso de selección para la compra del terreno”; al haberse dictado la Providencia Fiscal Nº 01 del dos de junio dos mil diez, de la Carpeta Fiscal 505-2009, donde se dicta que se archiva definitivamente el caso, esta no se puede reabrir por el principio del ne bis in idem, no se le puede juzgar a una persona por dos veces con los mismos fundamentos. En buena cuenta, este asunto también se cayó.
Caso-FINVER, por Incumplimiento al deber funcional, o sea “por no verificar la suscripción de un contrato fiduciario con una empresa financiera de capital estatal” y “por no supervisar la recaudación y el manejo de los fondos”. Veamos, el art. 377 del Código Penal dice: “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con …”. Rufina Lévano como cabeza del Comité Directivo FINVER el 6 de Mayo 2003 acordó la “apertura la Cuenta Finver Cañete en el Banco Continental” y se ejecutó el 21 de Mayo 2003; “entre 02 de junio 2006 al 31 de diciembre 2006 se giran 339 cheques, doscientos cuatro en el mes de diciembre 2006”, esto quiere decir que Rufina Lévano actuó con conocimiento que violaba la ley, pues el contrato fiduciario debía hacerse con banca financiera de capital estatal y no privado. Rubén Auqui hace acuerdos que “constan en acta” haciendo referencia al Reglamento del Fondo, un reglamento que “establece la administración directa el fondo por parte del Comité Directivo facultad que no se encuentra contemplada en la Ley y por lo tanto no resulta válida”, esto nos quiere decir que Rubén Auqui actuó contra la ley y esos acuerdos no son válidos. ¿Qué se le imputa a haber hecho a Alvarado?: HACER NADA, pero para que esto tenga índole penal debe ser ilegalmente y eso se cae con la denuncia que hizo sobre el tema. Un ejemplo para entender: José Cañete Hoy se olvida darle un documento a Montoya y esto genera problemas ¿por eso José debe ir a la cárcel?, indudablemente que no, solo será administrativamente amonestado; pero si a sabiendas lo envía a otro funcionario, se lo devuelven, y nuevamente lo envía a un segundo funcionario, se lo devuelven y así actúa hasta que se pase el tiempo, entonces esto si tiene implicancias penales.
De la denuncia hecha por los congresistas, sacan a Rufina Lévano y a Rubén Auqui, quienes actuaron contra la ley, pero denuncia a sus funcionarios: Rómulo Cardenas, Armando Yactayo, Carmen Yactayo, Fausto Paucar, Carmen Yaya, Ronaldo Aguado, Alan Chupitazi, Selma Sanchez, Elizabeth Canales, Luis Mendoza, Catalina Miranda, Manuel Marquez, Luis Bravo, y Alfredo Farfán, “que en su condición de integrantes del Comité Directivo del FINVER-CAÑETE realizaron acciones contrarias a la Ley Nº 22831, ya que el referido Comité durante los años 2003 a 2010 no estuvo autorizado legalmente a administrar de manera directa los recursos del Finver, en tanto no se había constituído el Fideicomiso”. En buena lectura: sacan a las cabezas y denuncian a sus funcionarios. ¿Aceitada de por medio o ligeresa de los congresistas?. Corren las apuestas.
Al culminar la legislatura, el Pleno del Congreso dejó de lado el debate y votación de informes de la comisión de Fiscalización que acusaban de irregularidades a ex funcionarios del gobierno aprista. 
