La falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico de Perú amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar el crecimiento económico del segundo productor mundial de plata y cobre.Perú debería invertir al menos 1.000 millones de dólares por año, tomando en cuenta el actual crecimiento de la demanda eléctrica, para extender su red eléctrica y alimentar el voraz apetito de su industria minera, que tiene en carpeta planes por unos 50.000 millones de dólares para las próximas décadas.
Sin medidas urgentes, los analistas creen que el país podría sufrir en el 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en el 2008 o a Chile tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras y dispararon los precios de los metales.
La capacidad instalada creció apenas un 1 por ciento el año pasado, mientras que la demanda aumentó cerca de un 10 por ciento. Esto deja al colchón de la red eléctrica extremadamente delgado, con una demanda de 5.000 megavatios que consume rápidamente la potencia efectiva de 6,415 megavatios disponible actualmente.
CASTILLO DE NAIPES
Por años, la nueva capacidad instalada eléctrica se ha concentrado en el centro del país, pues es la única región hasta donde llega el gas del rico yacimiento andino Camisea.
En unos pocos años, el 50 por ciento de la generación de electricidad en Perú derivaría del gas natural. Las plantas que lo procesarán fueron o están siendo construidas casi todas en Chilca, una localidad del sur de Lima.
Actualmente hay una decena de planes para construir plantas termoeléctricas y líneas de transmisión para hacer frente a una demanda de electricidad que aumentaría cerca de un 8 por ciento en 2012, según el Comité de Operación Económica Nacional (COES).
Perú corre contrarreloj para reforzar y diversificar una aletargada red eléctrica que deberá alumbrar los planes del sector que más ingresos externos le genera al país. Lograr acuerdos entre Gobierno, inversores y pobladores será clave para que estos proyectos no queden en penumbras.
"Si no se resuelven estas dificultades ambientales, sociales, políticas y regulatorias (...) en el 2017 y 2018 vamos a estar nuevamente con los mismos problemas", dijo Butrón, del COES.
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