Por Leon TrahtembergEl 21 de octubre del 2010 el gobierno promulgó el DS Nº 022-2010-ED incorporando al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa los 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención de JUNTOS (el 34% el total nacional). Eso incluye al 88% de los distritos de Huánuco; 79% de Huancavelica; 75% de Apurímac; 62% de Ayacucho; 61% de Cajamarca; etc. Todo ello, pese a la crítica generalizada respecto al fracaso del plan piloto de municipalización de la gestión educativa (que se había aplicado en el 2% de los distritos), expresada en diversos informes del Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales y el propio MEF.
Sin haber validado el modelo, sin éxitos que exhibir, sin tomar previsiones de capacitación, apoyo logístico, asistencia técnica y recursos para garantizar un buen trabajo, se le pide a los municipios más pobres del Perú, que se hagan cargo de la gestión educativa de su distrito. Ello, pese a que ni siquiera pueden resolver los temas de basura, agua y electricidad, y sin que siquiera cuenten con un equipo técnico confiable para temas sociales.
Llamó mucho la atención que por un lado el gobierno haya transferido más del 90% de las competencias en educación a los gobiernos regionales, pero por otro lado interfiera en el tema de la gestión educativa que ya no le debería competir porque la ley de educación solo permite hacer algunas innovaciones con carácter experimental, más no trasgredir las normas de la regionalización.
Foro Educativo publicó el 31 de octubre en “La República” un pronunciamiento reclamando la derogatoria del DS 022-2010-ED al cual se adhirieron prestigiosas instituciones especializadas en el tema educativo rural, medida que hubiera sido la más sensata dada la situación. Lo contrario hubiera traído como resultado natural una gestión ineficiente, ineficaz y caótica, porque habrían chocado las funciones del gobierno nacional, regional y municipal y además, cuando los profesores tendrían algo que reclamar, lo tendrían que hacer ante el debilísimo municipio, en vez de la región o el gobierno nacional.
Los entendidos del mundillo intra-ministerial comentaban que el propio Ministro de Educación José Antonio Chang no estaba muy cómodo con este decreto pero que políticamente no le era cómodo derogarlo para no chocar con el viceministro aprista Víctor Raúl Díaz que promovió esta municipalización.
Así que el MEF le lanzó el salvavidas al primer Ministro a través de la ley del Presupuesto de la República para el año fiscal 2011 (30/11/2010). En su Quinta Disposición Complementaria Final dice lo siguiente:
“Dispónese la evaluación independiente de la implementación del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa en las 35 municipalidades incorporadas en dicho plan. Dicha evaluación, cuya conducción estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación, se realiza siguiendo los criterios de las evaluaciones independientes del presupuesto por resultados. La continuación de la implementación del citado plan piloto durante los años fiscales subsiguientes está sujeta a la referida evaluación”.
Con ello la ley de presupuesto (posterior y de mayor jerarquía que el Decreto Supremo 022) le ponía un candado a la disparatada municipalización de la educación porque obligaba al ministerio de educación a tener el visto bueno del MEF, el cual a su vez dependería de una evaluación autónoma externa (como todas aquellas que dicen que el piloto no sirve) que serían requisito para seguir adelante.
La pregunta que queda es, si el ministerio de educación se ocupa de la educación ¿no hubiera sido más ético y educativo reconocer el error y derogar el decreto supremo por propia voluntad en lugar de sacarle la vuelta por la puerta trasera? ¿Cuántas otras normas inútiles o no funcionales no se derogan simplemente porque no conviene políticamente?
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