DEFENSORIA DEL PUEBLO ADVIERTE QUE PENAL DE CAÑETE ES UNA BOMBA DE TIEMPO

El primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, le reiteró a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, la necesidad de garantizar la seguridad en las cárceles, así como realizar una mejor coordinación entre la administración penitenciaria y la Policía Nacional. Esto tras los recientes asesinatos cometidos en el penal de Lurigancho.

“Esta grave situación se repite en un número importante de penales del país, en especial de la capital, tales como el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro (Lima), Sarita Colonia (Callao), Piedras Gordas (Ancón), Cañete (Cañete), Huaral (Huaral) y “El Milagro” (Trujillo)”, señaló Vega.

Asimismo, refirió que diversos informes defensoriales alertan de los problemas de hacinamiento, deficiencias en la infraestructura, frágiles mecanismos de seguridad, insuficientes programas de reinserción social, falta de capacitación e inadecuadas condiciones laborales del personal penitenciario, entre otros.

Vega Luna informó que en los últimos 20 años el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue declarado en reorganización cinco veces, y la emergencia fue decretada en mayor número con la finalidad de revertir las continuas crisis que acusa el sistema penitenciario.

En el caso concreto del penal de Lurigancho, la Defensoría del Pueblo recomendó que se disponga una evaluación del estado actual del sistema de acceso y salida de los visitantes en general y, a partir de ello, implementar un sistema de registro computarizado de huellas dactilares, para un mejor control de las visitas.