EL SUR CHICO ES CODICIADO POR TRAFICANTES DE TERRENOS

Por: Elizabeth Salazar Vega - LA REPUBLICA

Lima lidia con las invasiones desde setiembre de 1947, cuando Ernesto Sánchez Silva, apelando a su liderazgo, logró convocar a cientos de personas para ocupar por la fuerza los cerros 7 de Octubre, San Cosme y San Pedro, en El Agustino. El pueblo, agradecido, lo bautizó como “Poncho Negro” y lo convirtió en leyenda.

Pero una gran brecha separa a este personaje de los líderes de invasores actuales, pues el afán de estos últimos es el dinero: cobrar por cada incauto que logren posesionar en un terreno ajeno. Como señala personal de la División de Asuntos Sociales de la PNP, se trata de traficantes de tierra que se escudan en artimañas legales y documentos falsos, responden con denuncias penales y se alínean con políticos de turno o jueces a la espera de favores.

El Caso Cofopri, en el que funcionarios cedieron terrenos del Estado a Oswaldo Chauca; y la invasión de un predio de Sedapal en Punta Hermosa, con ayuda de una cuestionada orden judicial, no son, pues, casos aislados.

TIERRAS CODICIADAS
El 2008 la División de Asuntos Sociales intervino a 28 personas por usurpación de lotes, pero el año anterior cayeron 99 por tratar de invadir Las Laderas de Villa, en Villa El Salvador; el Fundo Monterrey, en Ate; y parcelas a la altura de la Panamericana Sur, en Lurín y Punta Negra.

El año pasado la policía intervino a 135 personas por intentos de usurpación, en su mayoría de lotes o casas, pero también de un sector del asentamiento humano 12 de Junio y de la zona El Mirador, en Villa El Salvador —destinada a ser un parque— y parte del cerro Calvario, en Lurín. Sin embargo, el hecho más violento se registró en el sector Palomar, en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, donde 200 personas se enfrentaron por la posesión de lotes con piedras y armas de fuego.

Para la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN ), el incremento de los programas de vivienda social ha hecho que los traficantes varíen su discurso: ahora ocupan cientos de hectáreas con el supuesto fin de levantar allí parques industriales, granjas o casas- taller. “También apelan a ilegales prescripciones notariales o judiciales para ocupar extensas zonas de playa o al lado de las carreteras”, explicaron en la SBN.

Jorge Villanueva, presidente de dicha entidad, confirmó que mantienen diversas acciones penales o registrales para enfrentar a los invasores, como las iniciadas para defender las playas de Tumbes, Piura y Chimbote, y el fundo Oquendo, así como el terreno del Ejército ocupado por la Asociación Satomi Kataoka, donde también participó Oswaldo Chauca , hecho que fue denunciado por El Comercio en el 2007.

“El tráfico de tierras se da ahora a través de las comunidades campesinas de la costa. Las de Asia, Cañete y Chilca dicen ser dueñas en total de unas 200 mil hectáreas, pero no adjudican sus tierras a otros campesinos, como dice la ley; lo venden para lucro propio”, explica el congresista Víctor Andrés García Belaunde , miembro de la comisión que está indagando por el Caso Cofopri.

La data de la SBN coincide con información de la PNP respecto de que las zonas codiciadas por los traficantes se encuentran ahora en el litoral y en los márgenes de la Panamericana Sur, tanto en San Bartolo, Asia, Cañete como Punta Hermosa. El alcalde de este último distrito, Guillermo Fernández, no solo confirma el temor, sino que su concejo ha formado un grupo de trabajo para empadronar a los vecinos afectados y han suspendido el otorgamiento de constancias de posesión. “Al parecer los invasores reciben información sobre los terrenos desocupados en el distrito, y esos datos solo los tiene Cofopri”, señaló la comuna en un comunicado.

CONOCIDO Y PRONTUARIADO
De acuerdo con la PNP, detrás de las usurpaciones en la zona este de Lima está Germán Cárdenas, autodenominado presidente del Anexo 22 de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, conocido por tener más de 200 denuncias y por sacar lustre de su filiación aprista. Él niega ser traficante, pero se escuda en documentos de la comunidad campesina de Jicamarca para promover la ocupación de terrenos ya titulados.

Allí también operan sus dos ex socios: Walter Villalobos (detenido por participar en los hechos violentos de El Palomar) y Félix Fernández, quienes han imitado la modalidad de Cárdenas.

Su accionar parece tener fruto, pues oficios como el 8834-2010 del mismo Cofopri confirman que las zonas ocupadas por estos bandos ya están siendo evaluadas para su titulación, pese a que existen litigios con los dueños.

En el sur, en tanto, la aparición de Oswaldo Chauca —hoy preso— en la lista de traficantes de tierras no es casual. Desde 1998, la comunidad campesina de Chilca, que lideró su hermano Alfredo Chauca y ahora lo hace su prima Verónica Navarro Muñoz, ha vendido más de 20 mil hectáreas del distrito con planos adulterados a empresas y reconocidas familias.

Ello se desprende del informe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) el 2004, en el que se explica que los planos originales de demarcación de esta comunidad desaparecieron del Archivo General de la Nación a fines de los 90, justo cuando los Chauca asumieron la directiva. Fue ahí cuando ellos presentaron nuevos planos para extender su territorio hasta las playas de Cañete y vendieron todo lo que pudieron.

El Congreso planteará revisar estas ventas, pero no hay que olvidar que estos personajes han convertido sus contactos con políticos, jueces o funcionarios en una garantía de impunidad.

MÁS DATOS
Álvaro Delgado Scheelje, el nuevo jefe de Cofopri, aseguró que dicha institución luchará contra inescrupulosos que intenten estafar a quienes anhelan convertirse en dueños del terreno que ocupan.

En Carabayllo, terrenos titulados por la municipalidad distrital y la de Lima Metropolitana han sido invadidos en Valle Punchauca y Lomas de Carabayllo, respectivamente.

El Poder Judicial acaba de fallar a favor de la Municipalidad de Lima y anuló la resolución de Huarochirí, que creó el centro poblado Anexo 22. “Esto limitará el accionar de Cárdenas”, indicaron voceros de San Juan de Lurigancho.

LO QUE DICE LA LEY *Un delito con una sanción blanda
Código Penal*
El delito de usurpación prevé de uno a tres años de cárcel, así se realice de forma violenta. Solo si se usan armas de fuego o si se interviene en grupo, la pena es de 2 a 6 años. Por ello, los traficantes logran prisión suspendida.

Colusión
A los funcionarios de Cofopri y a Oswaldo Chauca se los denunció por colusión y falsedad ideológica. En el primero de estos delitos la pena puede ser de 3 a 15 años.

Defraudación
La venta de un predio en litigio es considerada delito de defraudación.

LA CIFRA
1.316
Denuncias por usurpación atendió el año pasado el Ministerio Público solo en Lima. Ello incluye intentos de apropiación de lotes o negocios.

EL DATO
Venta de bienes
La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) dice que la campaña para poner en valor la propiedad estatal busca darle utilidad a los terrenos y alejar a los invasores.