El Pleno del Congreso acordó por unanimidad (64 votos) conferir a la Comisión de Fiscalización facultades y prerrogativas de comisión investigadora, por un plazo de 60 días, para que indague sobre las presuntas irregularidades que se habrían producido desde el 2006 a la fecha, en el proceso de adjudicación de terrenos eriazos en Chilca, Cañete y otras zonas del país por parte del Cofopri.
El pedido fue presentado por el titular de ese grupo de trabajo, congresista José Vega (UPP). Argumentó la necesidad de determinar los hechos ocurridos con la adjudicación de 30 hectáreas en Chilca, Cañete y las denuncias que se han sumado desde otras partes del país, como Ayacucho, Cusco y Trujillo.
Para el cumplimiento de sus obligaciones, la comisión puede acceder a cualquier información, al levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.
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