Al 20 de enero del presente año se han logrado un total de 4,678 mejoras administrativas en las entidades públicas, durante el año 2008 y como consecuencia de la aplicación de la Ley del Silencio Administrativo, señala el último reporte de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El informe constata que algunas entidades han reducido requisitos, tasas y plazos, otras han cambiado la resolución de algunos procedimientos de silencio administrativo negativo a positivo y, en general, se han eliminado requisitos y procedimientos innecesarios.
Entre las municipalidades provinciales omisas figuran las de Abancay, Lambayeque, Loreto y Cañete y a nivel distrital en nuestro ámbito Mala, Asia, Imperial, Nuevo Imperial, Quilmaná, Coayllo, Santa Cruz, Nuevo Imperial, Zúñiga, Pacarán, San Luis, Calango y Chilca
En contraposición sí han cumplido el Gobierno Regional de Lima; la Municipalidad de Cerro Azul; San Antonio; y hasta la provincial de Yauyos.
Conforme a la Ley Nº 29060 y su reglamento, todos los procedimientos de las entidades omisas tienen la calificación de silencio administrativo positivo, esto es, vencidos los 30 días hábiles más cinco días de notificación, los procedimientos se dan por aprobados automáticamente, conforme fueron solicitados, sin necesidad de presentar formatos o escritos para hacer valer el derecho de los administrados.
Asimismo, las entidades omisas están prohibidas de cobrar derechos por trámites, al no contar con su TUPA actualizado, pero lamentablemente ninguna autoridad las fiscaliza y sanciona, señaló la CCL.
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